EL 2010, UN AÑO DE DEFINICIONES

Por Germán Ayala Osorio

Todo parece indicar que este 2009 terminará en medio de la dañina incertidumbre política y económica, generada por la posible reelección de Uribe. De continuar el silencio del Mesías antioqueño, con respecto a si desea desestabilizar aún más las relaciones entre los poderes públicos, el 2010 será un año político y electoralmente complejo y definitivo para la débil democracia colombiana.

Los ex presidentes Samper y Gaviria, como expertos gamonales y señorones de la política tradicional, muestran sus fauces al Mesías antioqueño, que respira tranquilo porque cree tener todo listo para perpetuarse en el poder y convertirse en el sátrapa que empresarios, banqueros, militares y por los menos cuatros millones de colombianos, desean de tiempo atrás.

Como aventajados titiriteros, Samper y Gaviria exhiben a Pardo Rueda como un candidato capaz de enfrentar bien sea a Uribe, o a quienes desde ya aparecen como fieles seguidores de lo que llaman el ideario uribista, cuyos principios se expresan en programas y actividades como dar bala a las FARC, beneficiar a multinacionales y empresarios, aumentar la pobreza y las incertidumbres económicas y garantizar así, la corrupción y la compra de conciencias: Sergio Fajardo(agazapado espera el guiño de Uribe), Juan Manuel Santos(con todo y falsos positivos, espera convertirse en Presidente), Noemí Sanín (electoralmente, sólo aspira a jugar el rol de comodín), Germán Vargas Lleras (puede resultar peor que Uribe) y claro, Uribito (ex ministro de Agricultura, cuyo nombre es mejor no recordar).

Ojalá que en el 2010 las fuerzas contrarias a la continuidad de Uribe, de la que hacen parte pocos dirigentes gremiales, empresarios, rectores de universidades y diversos actores de la fragmentada sociedad civil, expresen con vehemencia, eleven su voz y se movilicen para impedir lo que ya se vislumbra como una dictadura de un civil, belicoso y belicista, que insiste en usar los recursos del Estado para vengar la muerte de su padre.

Hay que entender que así se logre impedir o frenar el proyecto totalitario de Uribe, las circunstancias que históricamente han hecho del país y de la nación proyectos fallidos, poco cambiarán con la llegada de Fajardo o de Santos o de cualquiera de los otros proto candidatos.

El país necesita de cambios profundos que ninguno de los nombrados precandidatos presidenciales se atreverá a ofrecer, pues todos siguen, comparten u obedecen las órdenes y programas del gran capital nacional e internacional.

En un escenario democrático como el colombiano, las jornadas electorales se vienen convirtiendo en válvulas de escape que se abren para crear sensaciones colectivas en los colombianos, que piensan, ingenuamente, que con el cambio de Presidente, es posible que el mejore. Mientras termina este 2009 y nos dejamos atrapar por el espejismo de la navidad, no olvidemos que en el 2010 tendremos la oportunidad de expresar nuestro descontento: votar en blanco, porque realmente no hay -y no habrá- opciones reales que garanticen los cambios que Colombia necesita.

ACTOS DE HABLA QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Abrumadora, preocupante y hasta peligrosa la celeridad con la cual está actuando la justicia colombiana en el caso de Nicolás Castro, bautizado ya por los medios como el ‘terrorista de la Internet’, por amenazar de muerte, a través de una red social digital, a Jerónimo Uribe, hijo del actual presidente de Colombia.

Han pasado más de 24 años de los execrables hechos del Palacio de Justicia, lugar en donde se cometieron delitos de lesa humanidad en la retoma del Palacio de Justicia, y aún no hay pronta justicia. De aquel lugar, atacado por un comando del M-19 y recuperado a sangre y fuero por el ejército nacional, salieron vivos magistrados y empleados de la cafetería y fueron ultimados por miembros del Ejército y sus cuerpos desaparecidos. Son 11 familias a las que aún el Estado no les da razón del paradero de sus cuerpos. Hoy está privado de la libertad el coronel Plazas Vega, comandante del operativo de retoma, en un proceso largo, que muestra poca celeridad de la justicia colombiana.

En Colombia permanecen sin resolver y en la más ignominiosa impunidad, masacres y magnicidios, cuyos criminales en calidad de determinadores y ejecutores, deambulan como ‘ciudadanos de bien’. Por la ya tradicional inoperancia de la justicia colombiana es que llama la atención la celeridad con la cual el aparato judicial del Estado asumió la judicialización de un joven universitario que dijo desear asesinar al hijo del Presidente

Pero una cosa es pensar con el deseo (pensamiento equivocado, sin duda, así no se tratare de la vida de Jerónimo Uribe) y otra muy distinta es que Nicolás Castro tenga la intención y los medios para perpetrar lo que puede señalarse como un impulso, una expresión verbal a lo mejor muy cotidiana en el ser humano, especialmente en el colombiano, acostumbrado a escuchar frases como ‘me va a tocar que mandarle al de la moto’ o pilas que ‘te puedo mandar a quebrar’ e incluso, la ya famosa frase del Presidente, ‘te voy a dar en la cara marica’.

Si el juez de control de garantías califica la conducta del estudiante universitario como instigación a delinquir, qué decir o cómo llamar cuando el papá de Jerónimo Uribe, mandó a un general de la Policía a matar a todos los sicarios de la llamada Oficina de Envigado. ¿No estaría el propio Presidente instigando a cometer ejecuciones extrajudiciales, al enviar ese mensaje a través de los medios masivos de comunicación?

¿Acaso los ‘falsos positivos’ no podrían resultan ser el resultado de una instigación presidencial para que miembros de la fuerza pública, motivados por la entrega de prebendas, dinero y felicitaciones (véase decreto Boina, por ejemplo y otras directrices), mataran inocentes ciudadanos y los presentaran como guerrilleros muertos en combate?

El Presidente sí puede verbalizar de esa manera sus deseos de acabar con una oficina de asesinos (le compete a la justicia demostrar que efectivamente lo son), y nadie advierte el peligro de ese acto de habla, pero sí lo advirtió el juez en el acto de habla del joven Castro.

Muchos dirán que se trata del Presidente, que lo hace para defender a los colombianos de bien. Acá el asunto es que tanto Castro como Uribe se equivocaron al verbalizar sus deseos, pero ese hecho compromete en mayor medida al Presidente, pues su sola investidura le prohíbe expresarse en esos términos y para el caso de las directrices entregadas a las fuerzas militares, de producir más y mejores resultados en materia de orden público, debió, como comandante supremo, vigilar de cerca el actuar de los hombres bajo su mando.

Que en el joven Castro habiten odios que hizo públicos, que verbalizó en la red, no justifica la fuerza, la celeridad y el señalamiento del juez que conoció el caso, al ordenar privarlo de su libertad, enviándolo a la cárcel La Picota, sin considerar si quiera atenuantes como su pasado judicial, la real ‘altura’ jurídica del caso en el sentido de evaluar si se trata realmente de un hecho punible, una acción terrorista o una incitación para delinquir, para que se cometiera un delito.

Debió el fiscal sopesar el acto ilocutivo (‘me comprometo a matar a Jerónimo Uribe’) con su real capacidad de llevar a cabo el cometido, expresado, verbalizado. Es decir, ¿tiene los medios para asesinar al bien custodiado delfín? ¿Adelantó actividades conducentes a cumplir con la amenaza? ¿Se acercó a su señalada víctima, estuvo cerca de él, lo abordó? No hay cómo medir la certeza, el convencimiento de querer llevar a cabo su deseo del equivocado joven, al momento de proferir la amenaza, es decir, el cómo lo dijo, en qué contexto.

Este caso, jurídicamente, deja mal parada a la justicia por la celeridad demostrada y por la interpretación de los hechos que hiciera el juez, en un caso que se pudo resolver con una simple conminación pública al joven Castro, buscando con ello darle una lección para que entienda él y los demás colombianos, que no es responsable verbalizar odios, rencores o hacer comentarios ligeros como el que efectivamente hizo Castro.

Este tipo de expresiones o actos de habla demuestran que a través del lenguaje demostramos qué somos realmente. Y lo cierto es que Uribe y Castro muy poco valoran la vida, pues verbalizan, con facilidad, sus odios y rencores.

En cuanto a los efectos esperados y logrados por los actos de habla (factor perlocutivo) tanto del Presidente como del joven universitario, realmente genera más miedo lo dicho por el Presidente a través de sus directrices, políticas y órdenes públicas, dado que toda la fuerza represiva del Estado está a su servicio. Entonces, ¿Cuáles son, realmente, los actos de habla que ponen en riesgo la vida?

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SOCIALISMO O CAPITALISMO, ESA NO ES LA CUESTIÓN

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El socialismo del siglo XXI que se impone por estos días en Venezuela y que Chávez ha querido diseminar por varios países de América Latina, corre el riesgo de repetir el carácter mafioso, intemperante, dictatorial y amenazante, reconocido y determinante en la implosión de la URSS. Los ya efectivos controles a la prensa, a las variables económicas que se expresan en un empobrecido mercado interno y la persecución a opositores, entre otros, lo irán llevando por el camino dictatorial característico de varios regímenes socialistas de la conocida cortina de hierro.

Las mafias de empresarios, nacionales e internacionales, que sostienen económica y políticamente al coronel Chávez muy seguramente harán que el mercado negro prospere para los productos que intencionalmente el Estado socialista controla para someter a sus asociados.

Logros socialistas como salud plena para todos los ciudadanos, avances importantes en medicina, deportes y diseño de armas, hacen juego con el control de libertades y derechos ciudadanos, ejercido efectivamente por un Estado gendarme, paquidérmico e ineficaz desde la perspectiva de la competitividad.

Las formas y las prácticas con las cuales el sistema socialista enfrentó y pretende enfrentar hoy el ideario del capitalismo en esta compleja etapa de la globalización, terminaron por legitimar las sensaciones de libertad y del goce de plenos derechos en los países que aceptaron la autonomía y las leyes del mercado; y fue así, justamente, por las drásticas limitaciones a los ciudadanos estatizados y por el sistema Gulag, implementado en la antigua URSS.

Más allá de la legitimidad alcanzada por ambos sistemas, lo cierto es que tanto el sistema capitalista, como el socialista han logrado demostrar que de la compleja naturaleza humana, se puede esperar decisiones, fenómenos y las prácticas más aberrantes y nocivas para el desarrollo del ser humano en libertad.

Los avances reconocidos para uno y otro sistema no dejan de demostrar los problemas que cada uno genera, especialmente en el contexto de un enfrentamiento ideológico, político, económico y militar como el que se vivió en el contexto de la Guerra Fría, y que hoy pretenden renacer Chávez y Uribe.

La concentración de la riqueza en pocas manos, un sistema financiero agiotista e irresponsable socialmente, extrema pobreza y la transición de un ciudadano activo políticamente a un ciudadano-cliente, subsumido en la lógica del consumo, caracterizan a un sistema capitalista que reduce la experiencia humana a un asunto económico, de valor de cambio y de uso.

Por el lado del socialismo, un ciudadano estatizado, con amplios beneficios en salud y educación, un estado policivo, vigilante y castigador, determinador y diseñador de conciencias, individuales y colectivas, caracterizaron las expresiones del viejo socialismo, hoy, al parecer, en franco regreso a través del ‘socialismo del siglo XXI’ de Chávez Frías.

Los dos sistemas son abiertamente perversos para la condición humana, por una razón sencilla: son producto de una naturaleza humana compleja y a veces indescifrable. Quienes estuvieron al frente de uno y otro, y lo están hoy, desconocen la complejidad del ser humano en sociedad y hacen de ese vacío, la mejor arma para imponer un ideario, que en uno y otro sentido, jamás ha considerado la idea de felicidad que el ser humano a través de los siglos viene construyendo y buscando.

Ni el mercado, con la publicidad perversa que le acompaña, ni el Estado, como faro del deber ser ciudadano, han logrado la plena felicidad humana por cuanto, muy seguramente, son expresiones de un ser humano, de una condición humana naturalmente perversa.

Mientras Chávez y Uribe exponen sus armas para intentar defender los idearios que sostienen los sistemas económicos, políticos y culturales que cada uno orienta, las vidas de los ciudadanos de Venezuela y Colombia devienen en medio de la intemperancia, del control y de la persecución ideológica. Hay que superar la dicotomía que nos obliga a elegir entre socialismo o capitalismo. Quizás el error esté ahí.

Lo cierto es que la permanencia de Chávez y Uribe –y de otros- al frente de los Estados que representan, redundará en beneficio de la industria militar transnacional, de las mafias y elites locales que actúan bajo la inercia de un mundo humano que no ha comprendido qué hacemos en este planeta.

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SEGURIDAD CIUDADANA, UNA ASIGNATURA PENDIENTE

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Está claro que la política de seguridad democrática fue diseñada exclusivamente para enfrentar militarmente a las FARC, lo que explica lo poco que Uribe ha hecho, en casi ya ocho años de gobierno, por brindar seguridad a los ciudadanos que deambulan por calles y avenidas. Y es así, porque la propaganda mediática y la oficial (y la que se pone en marcha desde la Casa de Nariño) lograron ‘convencer’ a amplios sectores de la opinión, de que el enemigo a vencer son las guerrillas y no la corrupción, pública y privada, y la pauperización de las condiciones de vida de trabajadores y de ciudadanos en general.

Para completar el oscuro panorama, el mismo Gobierno anunció que no hay presupuesto para enfrentar la creciente inseguridad en las ciudades de Colombia; pero sí hay dinero para pagar favores reeleccionistas a través de la política pública Agro Ingreso Seguro. Confirmado: al no ser la seguridad ciudadana un asunto político-electoral, los candidatos a diversos cargos públicos se dedican a fortalecer sus mafias clientelares, dejando por fuera de la ‘agenda de gobierno’, un asunto vital para la vida de los ciudadanos.

El caso de Cali es alarmante: 1.436 asesinatos en lo corrido de 2009, representa no sólo la incapacidad del Estado para salvaguardar la vida de sus asociados, sino el desinterés del gobierno de trabajar en procura de bajar las tasas de homicidios en ciudades y pueblos.

Alcaldes, gobernadores y comandantes de Policía y, por supuesto, el alto Gobierno, poco hacen para enfrentar el tráfico de armas, principal variable de la creciente inseguridad ciudadana. De ¿dónde salen las armas? ¿Acaso de miembros de las propias fuerzas militares que las venden a narcotraficantes, bandas de criminales y/o oficinas de cobro? ¿Acaso éstos conocen las mafias y las rutas de acceso y consecución de armas ilegales y guardan silencio por miedo represalias o por simpatías ideológicas?

No hay evidencias de un trabajo concertado al interior de las fuerzas militares para hacer el seguimiento a la procedencia de las armas incautadas o recuperadas en las escenas de los crímenes. ¿Hay, acaso, fábricas clandestinas o una mafia al interior de Indumil; o se trata de armamento que penetra con facilidad las abandonadas fronteras de Colombia?

Además de descubrir y enfrentar las cadenas de tráfico de armas, es responsabilidad del Estado contener el acelerado empobrecimiento de amplios grupos humanos y fenómenos delincuenciales asociados a falta de oportunidades, violencia intrafamiliar, narcotráfico y en general, aquellos generados por la ausencia del Estado y de instituciones responsables de los llamados procesos de socialización.

Hasta tanto las autoridades de Policía no asuman con seriedad y rigor el control de las armas con las cuales se asesinan ciudadanos, ciudades colombianas, como Cali, estarán condenadas a registrar cada fin de semana múltiples homicidios.

Mientras que la seguridad ciudadana no se eleve a un asunto político y se le dé la importancia que merece, caleños y colombianos somos potenciales víctimas de una bala perdida o de un asalto.

La seguridad ciudadana en las ciudades es, sin duda, una asignatura pendiente de las dos administraciones de Uribe, concentradas a generar, por un lado, riqueza al sistema financiero y a multinacionales y por el otro lado, sensaciones positivas que se expresan en estribillos insulsos como Vive Colombia Viaja Por Ella.