UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA UN EJERCICIO RESPONSABLE DEL PERIODISMO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Al constituirse como apéndices de conglomerados económicos, e incluso, de corporaciones internacionales, las empresas mediáticas están entregando información contaminada, lo que perjudica en materia grave el ejercicio periodístico, lo que a su vez termina por deslegitimar el periodismo como oficio estratégico para el fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía.

La crisis del periodismo, en particular en Colombia, es total y evidente. Todos los días pierden, medios y periodistas, credibilidad por cuenta no sólo del evidente apego a los intereses económicos de los conglomerados que los sostienen, sino por la decisión política y editorial de acompañar ideológica y políticamente a Uribe, incluso, arrasando con la constitución y el estado social de derecho.

Así las cosas, es bueno pensar en posibles soluciones que pueden diseñarse para mitigar en algo, o enfrentar de manera certera y abierta, lo que sin duda termina por comprometer tanto la calidad de la democracia, como los criterios políticos de las audiencias, hoy víctimas de la información amañada y contaminada que están entregando los grandes medios masivos.

Quizás sea posible plantear que desde el Estado se agencien y se diseñen políticas públicas para el campo cultural, en las cuales se defina, por ejemplo, el apoyo económico estatal para fundar medios de comunicación, acompañamiento y asesoría para mantener a flote las nacientes empresas mediáticas y la garantía de que la entrega del espectro electromagnético se hará con base en criterios de calidad y no por la presión de poderosas corporaciones o conglomerados económicos. El proceso licitatorio y la adjudicación misma del tercer canal son una muestra de que hace falta una política pública de estado que enfrente el poder intimidatorio de los conglomerados interesados en hacerse con el tercer canal.

Se requiere, entonces, una política pública de Estado, blindada a gobiernos, que asegure, por ejemplo, el ejercicio de medios alternativos, que protegidos por el Estado, permita en algo garantizar pluralidad en la información que los colombianos están recibiendo. Es inaceptable que hoy apenas tengamos cuatro alternativas de información televisada nacional (Noticieros RCN, Caracol, CM& y Noticias UNO), con todos los riesgos que ello significa, especialmente si se reconoce que los noticieros RCN y Caracol acaparan el mayor números de televidentes, y son claramente medios afectos al gobierno de Uribe, lo que los hace amanuenses y estafetas del régimen uribista.

Para ello se requiere del diseño de una política cultural que para el caso de la información mediática, determine las obligaciones que debe asumir el Estado, para garantizar, entre otras cosas, que lo expresado en el artículo 20 de la Carta Política se cumpla. El mencionado artículo señala que: “Se garantiza a todas persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Pensar que el Estado patrocine y apoye la creación de medios masivos de comunicación en algo podría contrarrestar el daño que las empresas mediáticas privadas le están haciendo a las audiencias, a la democracia y al país mismo, al confundir el periodismo y la entrega de información, con el ejercicio propio de la propaganda. Es inaceptable que se continúe con la evidente cooptación de los medios privados, por vía de la amenaza (mantener frecuencias, pauta oficial, entre otras), o por la vía de los intereses económicos y políticos de los conglomerados, que hacen a un lado asuntos como la responsabilidad social y el derecho que tienen todos los ciudadanos de recibir información de calidad.

Para ello se requiere de gobiernos éticamente responsables y de una política de estado ejercida no desde los intereses clasistas y de reducidas elites. Es decir, se necesita de la de-construcción del concepto de Estado, de lo público, circunstancia que sin duda nos llevaría a repensar el tipo de orden social, político, económico y cultural que hemos ayudado a construir de tiempo atrás.

Una política pública cultural debe fincarse en los máximos intereses del Estado y de sus asociados. Dichos intereses deben ser agenciados por una sociedad civil cohesionada alrededor de un proyecto de país que no sólo dé cuenta de los elementos claves para concebir esos máximos intereses del Estado, sino que permita la inclusión de grandes mayorías. Finalmente, se requiere de un proyecto cultural soportado en que somos un país pluriétnico y multicultural.

Una política pública cultural, con énfasis en el ejercicio libre de la prensa, debe asegurar pluralidad y verdaderas alternativas para que los ciudadanos adquieran información y para que el periodismo, como oficio, pueda realizarse en condiciones dignas para el periodista, hoy presionado y amenazado tanto por las fuentes, por el Gobierno, por los grupos armados ilegales y claro, por el patrón (propietario del conglomerado económico) que determina no sólo su continuidad, sino que también define su nivel de independencia e incluso, su calidad de vida si miramos los bajos salarios que reciben los reporteros.

Las circunstancias históricas sobre las cuales se mantiene –e incluso se amplía– la ilegitimidad del Estado colombiano, son replicadas sin mayor análisis por la acción discursiva de unos medios masivos que amplifican el discurso oficial, que busca a toda costa naturalizar esas circunstancias, invisibilizando a los actores responsables de haberlas generado.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: PRIMER AVISO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La Corte Suprema está amenazada y en este país no pasa nada. El Presidente, en su más reciente alocución, conminó a los magistrados para que elijan el fiscal que él necesita de acuerdo con los intereses que el gobierno tiene en investigaciones que tienen que ver con la parapolítica (especialmente el caso de su primo Mario Uribe y la alusión de alias HH (Éver Veloza) en la que habló de apoyos económicos recibidos de empresarios colombianos), la yidispolítica y los crímenes de estado (mal llamados ‘falsos positivos’, en los cuales el Presidente tendría responsabilidad indirecta en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas).

En su discurso televisado se vio a un Uribe ‘sereno’ (reprimido en su deseo de lanzar improperios contra los magistrados), pero profundamente molesto, tanto así que horas después, en un consejo comunal de gobierno, se fue lanza en ristre contra la Corte.

Dijo, entre otras cosas, que “Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada por intereses ajenos al interés superior de la Nación”; “No podemos dejar que se irrespete la Constitución...” Curioso que quien justamente viola la constitución y cambia las reglas de juego para su propio beneficio, sea quien demande que la carta política debe ser respetada.

¿Qué sigue ahora si la Corte no obedece las órdenes del Presidente? ¿Cerrará la Corte? ¿Enviará los tanques? Es lo que muchos están deseando, entre ellos empresarios, militares y en general las élites que vienen apoyando el proyecto neoconservador que encarna el Mesías antioqueño.

Tiene razón la Corte Suprema de Justicia al insistir en la inviabilidad de la terna por razones de idoneidad, pero especialmente, por razones de independencia. No es recomendable y menos aceptable elegir un fiscal de bolsillo cuando tendrá que tomar decisiones delicadas en torno a aquellos asuntos que les preocupan al Presidente y al Gobierno.

La situación es delicada. El Presidente suspende la programación televisada y expone al escarnio público a los magistrados. Y la gran prensa, hincada a sus pies, amplifica su discurso desestabilizador, amenazante y conflictivo. Y la Corte no tiene cómo defenderse de la andanada presidencial. El magistrado Ibáñez decide guardar silencio. Creo, por el contrario, que la Corte Suprema de Justicia debe solicitar un espacio televisado y hacer públicas las razones con las cuales sostiene la inviabilidad de la terna enviada por el Presidente. No es recomendable que a la Corte, como actor político y jurídico se le señale públicamente que está actuando en contra de los máximos intereses de la nación, cuando justamente está tratando de recomponer el desequilibrio de poderes que generó la reelección inmediata y enfrentando la evidente cooptación de instancias de control político y otros poderes públicos, por parte del Gobierno.

La Corte, insisto, necesita de un espacio televisado para explicar sus actuaciones, sin la intervención interesada de periodistas y medios afectos a Uribe. Por el contrario, se requiere de una alocución en la cual el magistrado Ibáñez exponga al país los argumentos que le permiten hoy mantener la declaratoria de inviabilidad de una terna para fiscal, hecha a la medida de un gobierno que ya tiene de su lado al Congreso, al parecer a las otras cortes, a los empresarios, a los militares y a la gran prensa nacional.

Desafortunado, por decir lo menos, resulta el papel que está jugando la prensa colombiana en estos momentos. Hoy más que nunca las audiencias tienen la responsabilidad de reconocer cuáles son los medios que han venido apoyando el proyecto político de Uribe. Deben, igualmente, recordar cuáles son los periodistas, editores y columnistas que vienen jugando el rol de amanuenses, de estafetas de un régimen oscuro y corrupto. El escenario es propicio para que por fin desarrollemos la buena memoria, el sentido histórico, y la capacidad de cruzar eventos y hechos, tarea a la que la gran prensa renunció desde 2002. En estas horas aciagas, el papel de las audiencias es clave en la medida en que al asumir posturas inteligentes, soportadas en el cruce de hechos y en la valoración amplia y crítica de las decisiones del Gobierno, terminen dichas audiencias exigiendo respeto a la prensa cooptada.

Hay que generar canales de generación de opinión divergentes y diversos. Debemos trabajar para restarle poder de penetración -de restarle credibilidad- a medios como RCN, Caracol, CM&, EL TIEMPO y la prensa regional. Hay que reunirse para discutir los asuntos públicos, hay que escribir y documentar los hechos ignominiosos de este gobierno (Agro Ingreso Seguro y crímenes de estado, por ejemplo). Aprovechar las redes sociales virtuales, los espacios privados y públicos en los cuales podamos interactuar. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad política de participar de la vida pública del país, reflexionando, pensando y manifestando nuestras ideas y posturas.

La Corte Suprema de Justicia está haciendo su trabajo de actor político en franca oposición a un régimen que está llevando al país, poco a poco, a una crisis institucional de incalculables consecuencias. No esperemos que se termine de desmontar el estado social de derecho para empezar a actuar.

Adenda: bien vale la pena recordar un aforismo de Millor Fernández:

La apertura política es indiscutible.
Ya estamos viendo las tropas y los tanques
al final del túnel

Nota: esta columna fue reproducida en el boletín Número 184, de 04-11-2009, de Aula y Asfalto, espacio de reflexión e información de la facultad de comunicación social de la Universidad Central de Bogotá.

CENSURA EN EL ESTADO DE OPINIÓN

ASÍ QUEDÓ LA CARICATURA DE CHÓCOLO.

¿QUÉ VENDRÁ AHORA EN EL ESTADO DE OPINIÓN EN EL QUE VIVIMOS EN COLOMBIA?

"...Durante dos horas en la sede del Salón Regional del Eje Cafetero, ubicado en linderos de la vieja estación del ferrocarril de Armenia, la caricatura mural de Chócolo (Hárold Trujillo Torres) con el título Falso positivo apareció cubierta en su parte superior con cartulinas y cinta de enmascarar. La obra recoge un tema de palpitante actualidad nacional como son los denominados «falsos positivos», hechos en los que numerosos jóvenes han sido asesinados con supuesta participación de elementos militares.

Tanto el director del Salón como los curadores y los representantes de los ministerios de Cultura y de Educación, que patrocinaron el evento, expresaron que no habían autorizado la censura ni el cubrimiento parcial o total de la caricatura de Chócolo. Chócolo fue durante más de diez años uno de los principales caricaturistas del diario El Tiempo y su trabajo se ha publicado también en El Nuevo Siglo, Semana y hoy es caricaturista de El Espectador; ha sido, además, permanente colaborador de la revista Cierto.

Los periodistas y medios de comunicación, al igual que voceros de los Ministerios comprometidos en el patrocinio del Salón del Eje Cafetero y los curadores coincidieron en calificar el miércoles como, evidentemente, un acto de censura. A última hora se informó que Íngrid Moreno y Andrés Beltrán, al servicio de la empresa que contrató el ministerio de Comunicaciones para la logística del evento, admitieron que fueron ellos los que tomaron la decisión de tapar la caricatura «pues no queríamos que hubiera contenidos políticos en el espacio» y además denunciaron que habían sido autorizados para ello por John Freddy Quintero, encargado del Salón, según lo revela el diario El Espectador." (TOMADO DE LA REVISTA CIERTO, ARTÍCULO INTITULADO CENSURADA CARICATURA FALSO POSITIVO, DE CHÓCOLO).

Miércoles, 28 de octubre de 2009

COOPERACIÓN MILITAR GRINGA: ¿ASUNTO DE GEOPOLÍTICA O SIMPLE COACCIÓN POLÍTICA?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

¿Qué puede haber detrás del afán de Uribe de firmar el tratado o “convenio de cooperación militar” que daría vía libre a la presencia de soldados gringos en siete bases militares colombianas, aun sabiendo que al hacerlo, desconoce y por ende viola la constitución política y se lleva por delante el estado de derecho? Acaso el gobierno de Obama tiene información ‘privilegiada’ en contra del gobierno de Uribe o en particular del no muy claro pasado de Uribe.

¿Qué clase de información es esa que le permite a Obama presionar de tal forma al Gobierno -y a Uribe, a dejarse- que lo llevará a violar la constitución y por ese camino, darle la posibilidad a la Corte Suprema de Justicia para que más adelante abra investigación formal por prevaricato por omisión contra los congresistas que no ejercieron el debido control político sobre la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional?

Es claro que dadas las características y la naturaleza misma del convenio y lo que ello implica, el Congreso debe hacerse oír y actuar en consecuencia, haciendo posible la suscripción del Tratado, una ley aprobatoria del mismo y el consabido control de legalidad que le debe hacer la Corte Constitucional. El Consejo de Estado ya ejerció su tarea constitucional, entregando un concepto al Gobierno, en el que recomendaba que el asunto tomara vida jurídica a través de una ley de la república.

Desconociendo o pasando por alto siete artículos de la Constitución Política, el gobierno de Uribe oculta y ha ocultado información al país a propósito de los verdaderos intereses y objetivos de firmar ese tipo de cooperación militar con los Estados Unidos, en un contexto complejo dado por los proyectos políticos de vecinos como Ecuador y Venezuela, divergentes y en franca confrontación con el proyecto estadounidense, a lo que se suma el liderazgo que en materia económica y militar viene reclamando Brasil desde hace un tiempo.

Veamos uno a uno los artículos comprometidos por la decisión del gobierno de Uribe, de firmar de manera inconsulta, el acuerdo militar con los Estados Unidos:

“Artículo 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”.

Por lo menos se esperaría una fuerte discusión al interior del Congreso e incluso, en la academia, alrededor del concepto de soberanía, en crisis por el mismo proceso de globalización, y por el poder paraestatal de grandes corporaciones multinacionales.

"Artículo 150. De las leyes. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados (numeral 16).

Artículo 173. Son atribuciones del Senado. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. (Numeral 4).

Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 2. dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. 7. Permitir en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.

Artículo 224. De las relaciones internacionales. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado.

Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 3. Actuar como supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen. En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la Nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado".

Huelga decir que los colombianos supieron de la existencia del tratado de cooperación por un medio de comunicación (revista Cambio), lo que inmediatamente generó presiones en distintos sectores políticos internos y externos para que el gobierno explicara los alcances del mismo. El asunto generó la reacción de países vecinos, de Argentina y Paraguay, entre otros, lo que obligó a Uribe a realizar un periplo por América del sur, con sesión de Unasur a bordo, para tratar de aclarar el alcance del convenio de cooperación militar. Es decir, el Gobierno tenía toda la intención de no consultar al Consejo de Estado y por ese camino, mantener oculta la firma del tratado de cooperación militar.

"Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: 10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva”.

De firmarse el convenio tal y como lo ha advertido el Gobierno de Uribe, una vez más la Carta Política sería no sólo violentada e ignorada, sino que se legitimaría una práctica muy propia de este gobierno: la consulta y el respeto a las normas y a las reglas de juego es un opción a seguir, lo que pone en entre dicho el Estado de derecho.

Bien lo señala el editorial del diario EL ESPECTADOR, del 28 de octubre de 2009, “Durante la última semana, tanto el Gobierno como algunos medios de comunicación han usado un argumento altamente peligroso para explicar por qué el nuevo tratado de cooperación militar con Estados Unidos no irá a debate en el Congreso ni se someterá a revisión constitucional de la Corte: no es “conveniente” políticamente y tampoco es “necesario” legalmente hablando. Esta discusión sólo refleja una tendencia perversa que se ha venido desarrollando en Colombia y en la que, en los últimos años, el poder ejecutivo ha jugado un papel protagónico: la obediencia al derecho, las leyes y los marcos institucionales es una simple alternativa más de acción y no el cumplimiento de unas reglas del juego que deben seguirse sin excepción alguna”.(Cooperación militar en secreto. EN: El Espectador, octubre 28 de 2009. Editorial. Versión digital).

Así las cosas, el gobierno de Uribe no sólo acepta erigirse como el alfil que Obama necesita para contener los proyectos socialistas de Chávez, Correa y Evo Morales, sino que sirve de escenario político-militar a los Estados Unidos para persuadir al Brasil de continuar en la tarea de elevarse como potencia militar y económica de la región.

El apoyo norteamericano al gobierno de Uribe, como el dado a otros presidentes, siempre ha estado condicionado a la información clasificada que el Departamento de Estado genere, produzca o adquiera de las actuaciones de los mandatarios colombianos, en una relación de permanente coacción y chantaje.

Casos como el de Noriega en Panamá son ilustrativos de este tipo de relación extorsiva que los Estados Unidos establecen con aquellos gobiernos que son legítimos hasta cuando presten un servicio vital y real a los intereses americanos en la región. Cuando ya no los necesitan o sirven a sus propósitos, los invaden o simplemente les retiran el apoyo. Hasta ¿dónde Uribe está comprometido en esa relación de sometimiento con los Estados Unidos? La respuesta es clara: depende de la información que los gringos tengan de Uribe, de las actuaciones de su gobierno y de su inmediato pasado.

De todas formas, la firma del tratado de cooperación con los Estados Unidos pone a Colombia en una compleja situación de confrontación con vecinos estratégicos en materia comercial.