Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y
politólogo
El reconocimiento
de la existencia de víctimas anunciado desde La Habana debe considerarse como
un hito importante en la medida en que reafirma el carácter político del
conflicto armado interno de Colombia y advierte la clara responsabilidad que
desde ya asumen tanto el Estado como la dirigencia de las Farc en la comisión
de disímiles delitos en el marco de la guerra interna.
El anuncio no sólo
apunta a la generación de una mayor confianza[1]
en el proceso de paz dentro del país, sino que deberá tener un positivo impacto
en las aspiraciones reeleccionistas del Presidente-candidato[2],
quien 24 horas antes ya anunciaba que de Cuba llegarían noticias positivas.
El proceso de paz
parece imparable, salvo que llegue a la Presidencia el candidato del Centro
Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien con un discurso ambiguo frente a la paz
puede terminar por hacerle caso a su mentor, Uribe Vélez y a los sectores de
las Fuerzas Armadas y de la sociedad colombiana que se oponen a las negociaciones
de paz que se adelantan en territorio cubano.
Más allá del uso
electoral de las buenas nuevas que llegan desde La Habana, lo anunciado desde
Cuba no solo reconoce la existencia de unas víctimas a las que hay que pedirles
perdón y repararlas moral y económicamente, sino que pone al Estado y a las
Farc en el mismo talante de victimarios.
Estamos ante un
hecho jurídico y político de una gran envergadura en tanto que debe facilitar
la aplicación de la justicia transicional para todos los actores armados que
participaron y participan del conflicto armado. En adelante, las fuerzas
armadas del Estado, los guerrilleros y los paramilitares adquieren el mismo
estatus de victimarios, circunstancia esta matizada solo por la legalidad de unos y la
legitimidad reclamada por otros por representar supuestamente los intereses del
pueblo colombiano.
Contrario a lo que
piensan altos oficiales retirados de las fuerzas armadas, guerrilleros,
paramilitares y soldados de la patria pueden ya meterse en un mismo costal.
Y ese costal lleva por fuera la
palabra victimarios. Todos juntos, finalmente, por acción u omisión, violaron los derechos humanos y el Derecho
Internacional Humanitario[3].
Es decir, todos los ‘guerreros’, con o sin causa, terminaron convertidos en
violadores de los derechos humanos, en homicidas unos, y por ello, en mayor o
menor grado, victimarios y responsables del
dolor y las incertidumbres de cientos de miles de madres y familias que de
manera directa han sufrido los rigores de una guerra degradada y sucia que en
mayor medida ha comprometido las vidas de la población civil que vive en zonas
rurales y selváticas.
De esta manera, y
sin caer en distinciones de orden legal
y en el discurso patriótico que suelen enarbolar oficiales, suboficiales
y soldados, las fuerzas estatales son responsables por lo acontecido durante 50
años de confrontación con las fuerzas insurgentes que se levantaron en armas en
los años 60.
Y son responsables
militarmente por haber impedido la operación de las guerrillas en zonas
apartadas de los centros de poder político y económico y por supuesto, del crecimiento en el número de guerrilleros.
La responsabilidad política la deben asumir los gobiernos que desestimaron la
lucha interna, especialmente aquellos que en su momento intentaron poner fin al
conflicto a través de negociaciones que resultaron fallidas. Y de
aquellos que aplicaron políticas de seguridad[4]
que no solo buscaban acabar militarmente con el enemigo interno, sino anular el
pensamiento libre, divergente y comprometido con la defensa de los derechos
humanos, el mejoramiento de las condiciones de vida de millones de colombianos
pobres y la consolidación, por fin de un
Estado legítimo y capaz de garantizar el control territorial y en general una
vida digna para sus asociados.
Todos en su conjunto
permiten señalar entonces, que la responsabilidad la debe asumir el Estado. No
se trata de buscar responsabilidades individuales o grupales, sino de reconocer
la histórica debilidad e incapacidad del orden jurídico y político para
garantizar la seguridad y la convivencia
pacífica dentro del territorio nacional. Por supuesto que el grueso de la
sociedad también es responsable por haber apoyado a aquellos que creyeron en
que la solución a los problemas del país estaba exclusivamente en el uso de las
armas.
Las Fuerzas Armadas
son responsables por haber cohonestado con los paramilitares las prácticas
violatorias de los derechos humanos como las masacres, el desplazamiento
forzoso y el asesinato selectivo, entre otros delitos, perpetradas por las
AUC.
De igual manera,
los guerrilleros de las Farc también son responsables de los señalados delitos
y por haber perpetrado acciones terroristas en zonas rurales y urbanas en donde
operaron y en las que aún operan.
Llegado a este
cuarto punto de la Agenda de seis
pactada entre la cúpula de las Farc y la comisión negociadora del
Gobierno de Santos, resta esperar a que los mecanismos que diseñen para escuchar
a las víctimas sean expeditos e incluyentes.
Se ha dado un paso
fundamental. Ahora falta que las expectativas que dicho anuncio produce en las
familias de las víctimas y en las propias víctimas, no se vean afectadas por
las lógicas administrativas[5]
que aparecerán en la implementación de
los mecanismos y dispositivos acordados desde La Habana, para asegurar
un efectivo y plural reconocimiento, así como la reparación a las víctimas.
Parece que el fin
del conflicto está cerca. Pero hay que ser conscientes de que la paz no llegará
con la firma de un documento. Falta mucho por hacer y ello compromete a los
sectores que hoy, en la actual coyuntura electoral, le están apostando a la
continuidad de la guerra.
Imagen tomada de cmi.com.co
[1] La polarización política entre la derecha y la ultraderecha que hoy
se disputan la Presidencia en las elecciones y los tratamientos
periodísticos-noticiosos irresponsables y apegados exclusivamente a las informaciones de las fuentes castrenses, vienen generando
un mal ambiente al proceso de paz. Tiene mayor apoyo internacional que dentro
del propio país.
[2] El Presidente-candidato espera que el pronunciamiento que llegó
desde La Habana le permita cautivar más votos, en especial de parte de las
víctimas, que ven cerca no solo la reparación económica y el reconocimiento,
sino que esperan saber la verdad de lo ocurrido con sus familiares
desparecidos, secuestrados o asesinados por agentes del Estado o por miembros
de las guerrillas.
[3] En 50 años de conflicto la aplicación de las normas del DIH no ha
sido efectiva no solo porque se trata de un conflicto irregular y complejo,
sino por el no reconocimiento de la jurisdicción internacional por parte de los
actores armados enfrentados.
[4] Baste con recordar el Estatuto de Seguridad y la Política Pública
de Defensa y Seguridad Democrática de los gobiernos de Turbay Ayala y Uribe
Vélez, para reconocer que desde el Estado se violaron de manera sistemática los
derechos humanos. El genocidio de la UP es quizás el ejemplo más claro de
terrorismo de Estado.
[5] La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras será insuficiente si se
tiene en cuenta solo el número de
desplazados que ha provocado la guerra interna (cerca del 11% del total de la
población colombiana, es decir, por lo menos 4,4 millones de colombianos
desplazados). Se suma a ello la lentitud con la que vienen actuando los jueces
de tierras, creados para restituir las tierras a aquellos colombianos que sufrieron
el despojo por cuenta de la acción
intimidante de guerrilleros y paramilitares y por el terror que generan los
bombardeos de la fuerza aérea y en general, por los intensos combates que se
suscitan con cada operativo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario