Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y
politólogo
Antes de que se
produzca la liberación del ya célebre General Alzate, el suboficial y la
abogada que le acompañaban, es preciso señalar qué daños produjo el suceso en
el proceso de paz, y qué puede pasar hacia adelante.
La confianza
La confianza entre
las partes no quedará intacta después de lo sucedido. Es claro que la decisión
de Santos estuvo motivada por presiones de la cúpula militar, que ante la
desaparición de un General, exhibió un talante político que en adelante la
sociedad y el alto Gobierno no pueden dejar de considerar. Un talante propio de
un actor político[1]
que está reclamando un lugar que va más allá de la discusión técnica de asuntos
militares como la entrega de armas, desminado y la eventual desmovilización de
guerrilleros. Temas estos que son del resorte de la comisión de militares[2]
que viajó a La Habana.
Contrario a lo que
la revista Semana indica, no creo que suspender los diálogos de paz obedezca
exclusivamente a una actitud de respaldo
del Presidente hacia la cúpula militar, ante la “captura” del alto oficial. Mas
bien se trató de una decisión bajo la presión de una cúpula que no iba a
aceptar que un alto oficial estuviera en poder del enemigo.
Dice la revista
Semana que “una de las reglas del juego pactadas para las conversaciones
de La Habana es que nada de lo que ocurra fuera de la Mesa debería afectar la
agenda del diálogo. Sin embargo, para Santos era imposible desde todo punto de
vista reanudar las conversaciones sin resolver este episodio. Con esta
decisión, les mandó a los militares un mensaje de respaldo institucional y
a las Farc les marcó una línea roja sobre lo que es tolerable o no en términos
de la confrontación”.
Pero volvamos al
asunto de la confianza. Ésta se resiente porque aunque se pactó dialogar y
negociar en medio de las hostilidades y había el compromiso de mantener la Mesa
de La Habana alejada de lo que sucediera en Colombia, el presidente Santos tomó una decisión que
claramente desconoció esas condiciones pactadas entre las partes.
Más allá de las
circunstancias[3] en
las que el General Alzate, el suboficial y la abogada fueron privados de la
libertad, es urgente que se pacte un cese bilateral al fuego no sólo porque
continúan muriendo guerrilleros y militares y sufriendo la población civil,
sino porque la confianza en el proceso de paz por parte de los colombianos se
resquebraja cada que la gran prensa[4]
bogotana, en particular los noticieros de televisión RCN y Caracol, cubren
hechos de guerra con un lenguaje moralizante e ideologizado[5],
que poco aporta a que las audiencias comprendan, por ejemplo, que se pactó
negociar en medio de las hostilidades, de allí que en los combates es posible
que mueran y se “capturen” tanto guerrilleros[6]
como militares.
Lo que se puede-debe- venir
Esta difícil
coyuntura, la más dura que afronta el proceso en dos años, debe servir para
discutir un cese bilateral del fuego. Es hora de probar cómo está la unidad de
mando tanto en las Fuerzas Armadas como en las propias Farc. Si bien en el caso
del General Alzate sirvió para mostrar que el Frente 34 de las Farc que puso
prisionero, retuvo, “secuestró[7]”
o capturó al alto oficial, claramente mostró respeto por la cadena de mando,
también sirvió para que el país conociera que dentro de las fuerzas militares
hay una división, aupada por sectores políticos de ultraderecha, y por el
propio ex presidente Uribe Vélez.
La discusión del
cese bilateral al fuego debe hacerse con el acompañamiento de los países
garantes y de la propia ONU. Establecer varias zonas de concentración de
guerrilleros farianos. En lo que respecta a la Fuerza Pública, los movimientos
y las órdenes de operaciones deberán someterse a estricto control para evitar
sabotajes. Ello no significa que policías y militares dejarán de cumplir con
sus objetivos misionales. De esta forma, el país podrá darse cuenta, por
ejemplo, qué fuerzas, legales e ilegales, son las que están apoyando la minería
ilegal y la producción de alcaloides.
Ya es hora de que
las Farc digan cuántos hombres y mujeres tienen en armas y cuántos en sus redes
de apoyo (milicianos). Establecer por lo menos tres zonas de concentración, con
veeduría nacional e internacional.
Lo anterior deberá
develar las estructuras paramilitares que quedaron en pie a pesar de la entrega
de los jefes paramilitares, o que se transformaron en lo que las autoridades
llaman Bacrim y los posibles apoyos que aún se mantengan desde unidades
militares.
Y también es hora
de que las partes que negocian en La Habana exijan a los medios de
comunicación, en especial a los noticieros de televisión, un cubrimiento de los
hechos de guerra, de las negociaciones y
de un eventual cese bilateral, responsable con el momento histórico que
atraviesa el país. Hacer pedagogía del proceso de paz y del conflicto sigue
siendo una tarea pendiente de los medios masivos y del periodismo.
De continuar los
medios masivos con esos nocivos tratamientos periodísticos, las audiencias,
contaminadas de esos tratamientos noticiosos espectaculares, tendenciosos e
irresponsables que la prensa viene haciendo, terminarán votando negativamente el
referendo refrendatorio de los acuerdos de La Habana. Ese es un riesgo latente,
que bien puede minimizarse con una prensa más comprometida con el proceso de
paz, que con la continuidad de la guerra. Así como cerraron filas en torno al
Gobierno de Uribe Vélez y a su política de seguridad democrática, bien pueden
ahora apoyar denodadamente el proceso de paz.
Finalmente, ponerle
fin al conflicto armado interno y diseñar escenarios de posguerra y
posconflicto, y de esta forma alcanzar la paz, debe ser considerado por todos y
cada uno de los colombianos como un imperativo insoslayable. Insisto en que la
prensa tiene la obligación moral y ética de aportar a la reconciliación del
país. Y lo puede hacer al morigerar el discurso y ofreciendo tratamientos
periodístico-noticiosos más rigurosos. Empezar, por ejemplo, por no asumir como
propio el lenguaje de los guerreros para informar sobre los hechos de guerra
que se presentan porque aún hay un conflicto armado interno.
Adenda: el país está esperando un documento preliminar que
recoja los acuerdos parciales a los que han llegado las partes que negocian en
La Habana, en torno al tema de víctimas.
[3] En la emisión del 23 de noviembre de 2014, el Noticiero de
televisión, Noticias Uno, informó que el General Alzate y sus acompañantes se
trasladaron hasta el sitio en donde finalmente se encontraron con miembros de
las Farc, en una lancha particular y no en una embarcación militar conocida
como “piraña”. Este hecho, de ser cierto, enrarece aún más la presencia del
alto oficial en una zona con alta presencia guerrillera.
[5] Por ejemplo, el ataque a las instalaciones de la Policía en la isla
Gorgona (PNN) la prensa lo califica como un acto de terrorismo, cuando
claramente se trató de un golpe de mano, de un hecho de guerra. Lamentable la
muerte de jóvenes policías, pero estamos en medio de un conflicto y eso
perfectamente previsible que suceda. Se trató, acaso, de un error táctico, de
una falta de control por parte de la Armada Nacional. Cómo es posible que las
Farc desembarquen, ataquen a los policías y no haya una reacción inmediata.
Estos elementos la gran prensa no los expone.
[6] A diario se producen “bajas” en las filas de las Farc y ello no han
provocado que la cúpula amenace con pararse de la Mesa de Diálogos.
[7] El General Alzate es miembro activo de las Fuerzas Militares, por
lo tanto, la categoría secuestrado no se le puede aplicar para calificar su
retención por parte de las Farc. Es un agente militar. Lo contrario sucede con
la abogada Gloria Urrego, quien en su condición de civil, podría hablarse de un
secuestro. En este caso, entran en consideración las funciones que cumplía al
momento de la retención. En cualquier sentido, se equivocan las Farc al
llevarse a la abogada por su condición civil y de mujer.
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