Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
Por
estos días, el país extraña el talante ético de Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio
Hernández, entre otros magistrados que hicieron parte de una Corte Constitucional
que avanzó en temas sensibles y que dio grandes pasos hacia la ampliación de
derechos. Sin duda, un glorioso pasado para una Corporación que debe ser la
guía constitucional para un país acostumbrado a que las leyes se violen,
incluso, desde la propia institucionalidad. Esa Corte Constitucional fue ese
centro moral y ético, ese faro. Hoy, dudo que esa luz siga brillando como lo
hizo en ese entonces.
Con
el escándalo que envuelve al hoy Presidente de dicha Corporación, Jorge Pretel,
hay mayores motivos para extrañar a estos magistrados y a esa Corte de
entonces, pero sobre todo, las prácticas que les permitieron convertirse en un
referente moral y ético para el país.
Las
faltas, los enredos, o los delitos cometidos por magistrados de las altas cortes
y en general por los jueces de la República, minan la confianza de los
ciudadanos en la justicia. Y ello es muy grave. Y más aún, cuando el país se
anticipa a la discusión de las condiciones en las que se debe aplicar la
Justicia Transicional, para los guerrilleros que se desmovilicen y decidan, en
el contexto de las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana,
reintegrarse a la sociedad colombiana.
Y
se sorprende el país político y la sociedad en general, cuando los guerrilleros
afirman que la justicia colombiana no tiene la legitimidad para juzgarlos.
Recordemos lo que dijo Santrich hace un tiempo: <<Santrich afirmó que "los tribunales en Colombia no
tienen la legitimidad, el decoro, la competencia porque este Estado ha sido un
Estado criminal, aquí debe haber una política de Estado para resolver el
problema de la paz">>[1].
Y si miramos en
perspectiva ética los casos del actual Presidente de la Corte Constitucional,
Jorge Pretel, como los de los magistrados Rojas Ríos, de la Corte Constitucional
y Francisco Javier Ricaurte[2], del
Consejo Superior de la Judicatura, el vocero de las Farc tendría razón.
¿Con qué autoridad moral
la justicia colombiana pretende juzgar y someter a los miembros de las Farc,
cuando su legitimidad a diario es cuestionada por las ladinas decisiones y
actuaciones de encopetados magistrados y jueces de la República? ¿Qué
diferencias existen entre quienes han vivido por fuera de la legalidad y han
cometido toda clase de crímenes y delitos, con aquellos que actuando dentro de
la legalidad y la institucionalidad estatal, han capturado el Estado, desviado
su función pública y claro, cometido toda clase de faltas éticas y delitos?
Diría que se diferencian en los apellidos. No más.
Y si extendemos esa
perspectiva ética hasta las actuaciones de empresarios, banqueros y poderosas
familias que se vienen apropiando de manera ilegal e irregular de baldíos,
desestimando, por ejemplo, la Ley 160 de 1994, que claramente señala que los
baldíos deben ser entregados a familias campesinas, entonces entendemos que
moralmente este Estado no tiene como juzgar y pretender someter a quienes se
levantaron en armas en los años 60.
Más allá de este nuevo
escándalo, lo que los medios deberían de poner de presente ante el país, a
través de sus agendas noticiosas, es la ética de mínimos con la que actúan
funcionarios públicos y ciudadanos en general. Allí está el asunto de fondo.
Tenemos que aceptar que moral y éticamente tenemos grandes problemas para
actuar dentro de los ámbitos público-estatal, público y por supuesto, en
escenarios privados. Sin referentes éticos no saldremos adelante. Insisto, la
Corte Constitucional de hoy ya no es el faro ético que una vez guió a Colombia.
Que tristeza.
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