YO DIGO SÍ A LA PAZ

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viernes, 17 de julio de 2015

ESTADO, INSTITUCIONALIDAD Y ORDÓÑEZ MALDONADO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El Estado colombiano deviene débil y suele operar bajo altos niveles de descoordinación institucional, lo que asegura total incapacidad para erigirse como un orden justo y capaz de ordenar la vida dentro del territorio.

Esas características, en gran parte, resultan de la acción política del centralismo y de una miope élite bogotana, que han hecho posible decir que “Colombia es más territorio que Estado”.

Hay que decir también, que el Estado colombiano, con esas condiciones de debilidad y precariedad institucional, le conviene[1] a unas élites que han sabido sacar provecho[2] de esas circunstancias en las que este suele operar.

El asunto es que no hay, al interior del Estado colombiano, instituciones fuertes y consolidadas y una clara idea del valor que tiene la institucionalidad que se desprende de la acción cotidiana de esas instituciones estatales. Las instituciones suelen verse afectadas o debilitadas por cuenta del carácter megalómano, las prácticas autocráticas y clientelistas de quienes las dirigen. En cuanto a la institucionalidad, esta suele verse afectada por todos aquellos funcionarios que, a sabiendas de que deben ceñirse a los procedimientos reglados y a los elementos de la cultura organizacional, terminan desconociéndolos y generando “comportamientos paralelos” y “nuevos procedimientos”. Lo anterior  funciona tanto para las instituciones privadas, como para las públicas (estatales).

En Colombia, personajes como Alejandro Ordóñez Maldonado, actual Procurador General de la Nación y el hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, se erigen como los mayores responsables de procesos de debilitamiento de las instituciones del Estado. El ex presidente lo hizo como Jefe de Estado y de Gobierno, y Ordóñez Maldonado, lo viene haciendo en su calidad de Procurador General de la Nación. Dedicaré esta columna a ese último y particular funcionario.

Ordóñez Maldonado convirtió la Procuraduría General de la Nación en una suerte de fortín religioso, político y electoral. Sometió la institucionalidad a sus caprichos morales y creencias religiosas. Su carácter megalómano y sus claras aspiraciones para llegar a la Casa de Nariño, han servido para que la Procuraduría deje de ser un órgano de control de la función pública, defensor del medio ambiente, protector de los derechos humanos y garante de los derechos colectivos, entre otras funciones.

Convertida la Procuraduría, como institución y edificio, en una trinchera ideológica desde donde persiguió a la comunidad LGTBI, a las mujeres y a todo aquel que no comulgara con sus ideas premodernas, Ordóñez ha desobedecido, en reiteradas ocasiones, fallos de la Corte Constitucional, relacionados con casos de aborto, ampliación del concepto de familia y la eutanasia, entre otros temas.

En los últimos meses, como si fuera pre candidato presidencial, viene enfilando baterías contra el Proceso de Paz de La Habana y el propio Presidente. Los enfrentamientos verbales entre Santos y el Jefe del Ministerio Público poco aportan a la consolidación de una política de paz coherente al interior del Estado. Por el contrario, impiden la generación de consensos y debilitan las relaciones interinstitucionales.

No se trata de un enfrentamiento entre instituciones, sino de conflictos personales y personalizados, que debilitan la institucionalidad y reducen un tema de Estado, como la búsqueda de la paz, a un asunto ideológico que solo se puede resolverse desde las particulares formas de pensar del Presidente y por supuesto, del Procurador.

De llegarse a la firma del fin del conflicto armado con las Farc, el país necesitará de un Procurador y de una Procuraduría distintas. En un escenario de posacuerdos e incluso, de un esperado estadio de posconflicto, se requerirá de un perfil distinto para quien vaya a ejercer las funciones de Jefe del Ministerio Público. El país necesita de un Procurador General con un talante liberal, desde una perspectiva filosófica. Ojalá sea agnóstico. Y si es creyente, que respete a quienes piensan distinto en materia de creencias religiosas.

Que sepa y respete las jerarquías institucionales y entienda que la Corte Constitucional viene tomando decisiones claves en aras de garantizar que de verdad vivamos dentro de un Estado Social de Derecho. Como individuo, tiene derecho a no aceptar la eutanasia, la posibilidad de abortar en los tres casos aprobados por la Corte Constitucional y de oponerse al matrimonio igualitario. Pero como funcionario, debe acatar y respetar las decisiones de los magistrados de esa Corporación y el reciente decreto con el que el Gobierno de Santos reglamentó la eutanasia en Colombia.

Y quizás el punto más importante en términos políticos: que no actúe como un gamonal y Cacique político. Resulta inaceptable que haya un Procurador con tanto poder clientelar como el que ha acumulado Ordóñez Maldonado. Tanto es su poder político, que el Consejo de Estado no ha podido tomar una decisión frente a la demanda de su espuria reelección. El país espera un fallo en derecho que señale su salida del Ministerio Público, y de esa manera, se dé un respiro a esa institución y a su institucionalidad.

Así entonces, el país de los posacuerdos necesitará de un Procurador que cumpla con las funciones constitucionales (véase Artículo 277 de la Carta Política). En la Procuraduría no se necesita un patriota, un fanático religioso y un Cacique político. Se requiere un funcionario que actúe y piense como ciudadano. No más.

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